ESTATIZACION DE LA BANCA MEXICANA
1. Introducción

En las sociedades humanas modernas, es imposible conceder el supuesto de la ausencia del sistema bancario sea cual fuere su tendencia política, y así mismo la evolución tanto de las sociedades como de los sistemas bancarios van de la mano (o al menos en el supuesto más sano así debería de ser), dependiendo de las necesidades reales, se propone una solución que puede conllevar a una evolución o a una regresión, como se ha dado a lo largo de la historia en diversos aspectos, pero en este momento trataremos el tópico del Sistema Bancario Mexicano, que como se verá en esta investigación, no ha sido de los pocos puntos que se han salvado de la regresión.
Resulta importante la definición de a quien le corresponde la operación de los bancos, si al Estado directamente como resulta en los países socialistas (República Democrática Popular de China, República Democrática Popular de Cuba, República Democrática Popular de Corea), o si los bancos deben ser operados por personas físicas o jurídicas colectivas privadas (Inglaterra, Estado Unidos, Alemania y otros capitalistas).
También se da el fenómeno de lo que se puede llamar participación privada y pública en la operación de los bancos, como sucedió en México de 1930 a 1982, y otra vez a partir de 1991. Lo que llama la doctrina nacionalización de la banca, puede significar políticamente la decisión de los gobernantes de:1. Que los bancos sean operados exclusivamente por ciudadanos nacionales de un determinado país, con exclusión de la participación de extranjeros, o,2. Que los bancos sean operados exclusivamente por el Estado, ya sean en administración directa, o bien, a través de personas jurídicas colectivas, creadas ex-profeso para ese efecto.1
2. Aspectos de la nacionalización.
Desde una perspectiva más amplia, puede suponerse que se inició con la organización de los bancos centrales como instrumento de los Estados.La nacionalización general de los bancos es más reciente y posiblemente los ejemplos podrían ser la nacionalización de la banca de Francia en 1946 y 1981 y la mexicana en 1982.La nacionalización de la Banca no se ha establecido solamente en los países socialistas, sino también en los capitalistas ha sido llevada a cabo en los últimos años con intensidad diversa. En unos casos sólo ha comprendido al banco central (mayoría de los países), en otros a los bancos comerciales, en su totalidad.
A) Nacionalización O Expropiación De La Banca Privada (1982-1990)La expropiación de la Banca privada, llevada a cabo con fecha 1º de Septiembre de 1982, por parte del Gobierno Federal Mexicano, en lo político y en lo jurídico trajo una serie de reformas constitucionales y legales.En 1982, el proceso evolutivo de las instituciones de crédito experimentó cambios estructurales, pues el principio tradicional de la legislación mexicana, que consideraba a la Banca como una actividad concesionada por el Estado a los particulares, se sustituyó por la decisión política fundamental de la nacionalización del servicio público de Banca y CréditoComo consecuencia de lo anterior, se cambió el esquema del Sistema Bancario Mexicano, que se integraba con instituciones privadas, mixtas y públicas, y dió lugar a un sistema bancario plenamente en manos del Estado. También la estructura del Banco de México se modificó, pues en lugar de adoptar la forma de sociedad anónima, en 1982, quedó definido en su ley orgánica como un organismo público descentralizado.
A partir de ese momento operarían dos clases de instituciones de crédito, las sociedades nacionales de crédito y las instituciones nacionales de crédito, las primeras regidas por la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y, en lo que se opusiera a sus disposiciones, por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares; y las segundas reguladas en su caso, por sus leyes orgánicas y por la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares vigente desde 1941, estas son algunas de las reformas legislativas que se tuvieron que originar.Es un hecho que el decreto expropiatorio trajo una serie de cambios estructurales y una abundante legislación sobre la materia, de 1982 a enero de 1985.Problemas de interpretación de la expropiación. El decreto de expropiación de los bancos privados y las reformas legales posteriores, trajeron problemas de interpretación en su origen y que sólo después de pasado tiempo y nuevas reformas, procedimientos y nueva legislación se han ido aclarando.Imprecisión terminológica en el decreto de expropiación. En cuanto a los problemas planteados por el decreto de expropiación, estos comenzaron desde el empleo de la terminología, así se habló de nacionalización, estatización, expropiación, etc.; técnicamente, fue una expropiación, ya que:Expropiación.- Jurídicamente es un acto de derecho público, por medio del cual el Estado impone al particular la transferencia de la propiedad de determinados bienes, cuando los mismos son necesarios para la realización de la actividad del Estado y existe una causa de utilidad pública que así lo requiera, siempre que se cubra al particular una indemnización.1 Nacionalización.- Como concepto jurídico será un procedimiento administrativo para adquirir bienes por el Estado, únicamente por lo que hace a los de la Iglesia, pero tratándose de todos lo demás susceptibles de apropiación por el soberano, se estará a los dispuesto por el procedimiento administrativo expropiatorio.Estatización.- Jurídicamente no es contemplada por la ley, ni por la doctrina, como modo de adquirir bienes, por lo que se puede sostener que dicho término corresponde al campo político exclusivamente, refiriéndose en concreto a un sistema político que tiende a exaltar la plenitud del poder y la preeminencia del Estado sobre los demás órdenes y entidades.

B) Conclusiones. De lo dicho se puede concluir que se expropiaron las acciones de las sociedades de crédito privadas que prestaban el servicio público de banca y crédito; y se nacionalizó la actividad respectiva, según las reformas del artículo 28 constitucional.2

C) Problemas Y Consecuencias De La NacionalizaciónAl parecer la expropiación o nacionalización de la Banca privada como una medida política general, no estaba dentro de los programas de gobierno de los diferentes titulares que ocuparon el Poder Ejecutivo Federal desde 1917 hasta septiembre de 1982. La decisión de la expropiación tal como parece, fue tomada en forma súbita y como consecuencia del estado de crisis que vivió el país es esas fechas. Existen opiniones en el sentido de considerarla como un acto personalísimo y coyuntural, una decisión que fue tomada no como parte de un programa de gobierno, sino más bien obligada por las circunstancias.La decisión política de expropiar los bancos privados en 1982 trajo muchas consecuencias, pero entre las más importantes fue una serie de actos por medio de los cuales se trató de dar la impresión de que era irreversible, de compararla con la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, de equipararla con los dos jefes de Estado en las decisiones trascendentales, en hacer un esfuerzo enorme en todos los medios de comunicación para justificar la medida, en reformar con prisa al artículo 28 de la Constitución Federal, para agregarle el párrafo quinto, así como la fracción XIII bis al artículo 123 (incidentalmente el referido párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución fue derogado en el mes de mayo de 1990).También se descontó a la mayoría de los trabajadores mexicanos, en forma compulsiva, el importe de tres días de salario para formar lo que se llamó Fondo Nacional de Solidaridad que según sus promotores serviría para pagar parte de la indemnización por la expropiación de las acciones de los bancos, pero al que se dió un destino diferente, se legisló en exceso y se habló en un tono dogmático de que era una decisión irreversible.Pero además hubo otras dos acciones que causaron un grave daño a la sociedad mexicana porque infundió una gran desconfianza en el sistema bancario y en la credibilidad de las acciones de los responsables al conducir la causa pública. Esas dos medidas fueron: primero el control generalizado de cambios; y segundo, la congelación de las cuentas que hasta el 1º de septiembre de 1982 mantenían los mexicanos, en los bancos, en moneda extranjera.
D) Opinión De La Nacionalización De La BancaLa referencia al proceso de expropiación de 1982, ya no tiene más que un valor histórico pues ya se revirtió con las reformas a la Constitución que fueron aprobadas en el mes de mayo de 1990 y con la publicación de la nueva Ley de Instituciones de Crédito en julio del propio año, así como la iniciación del proceso de desincorporación, pero aún por razones históricas es conveniente dejarlo asentado porque durante ocho años dio vigencia a la llamada Banca Estatizada.En algún sentido creció el número de empleados de los bancos y los fraudes cometidos a los mismos parece ser que también se incrementaron; los bancos crecieron, figuraron dentro de la lista de los 100 bancos más grandes de América Latina, aumentó el número de sucursales tanto en el país como en el extranjero, aumentó el número de cuentas maestras y el auge en el empleo de las tarjetas de crédito también es evidente.
3. Reprivatización De La Banca Mexicana (1990- a la fecha)
Hasta 1990, el sistema de la banca mexicana, fue formado por el gobierno poseyendo instituciones de crédito nacional, más tarde a través de la rectificación constitución y la promulgación de la Ley de Crédito e Instituciones a mezclado la banca y el crédito (y su sistema ) fue estabilizado.Estas medidas permiten la privatización de los bancos comerciales y la opción de una estructura legal para servicios múltiples bancarios y su inclusión en grupos financieros privados.La privatización de los bancos comerciales, resultó de la necesidad de modernizar y hacer el sistema financiero más competitivo con respecto a ambos financiamientos, el crecimiento económico y su proceso así como la canalización de red y recursos para producir y estructurar proyectos de una manera óptima.El presidente de México en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, dentro de su Programa de Modernización del Estado consideró conveniente promover los cambios, primero a la Constitución después mediante la iniciativa de una nueva Ley de Instituciones de Crédito a fin de restablecer el régimen mixto en la prestación de servicios de banca y crédito.La propuesta para un cambio constitucional consistió fundamentalmente en derogar el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que había sido reformado en octubre-noviembre de 1982)Esta iniciativa mereció un consenso mayoritario de la opinión pública y fue aprobada en el constituyente permanente con la participación de la mayoría de los partidos de oposición representados en la Cámara de Diputados.La nueva Ley de Instituciones de Crédito, cuya iniciativa envió también al Congreso el Presidente de la República, fue aprobada por el mismo Congreso, con el voto participativo de partidos de la oposición.Este trascendental cambio en la política del Estado, estimo como lo señaló la iniciativa fue un paso para modernizar al Estado Mexicano y como lo señaló el Presidente Salinas de Gortari fue conveniente revisar y cambiar los mitos del pasado.La nueva Ley de Instituciones de Crédito fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1990.
A) proceso de reprivatización.El proceso de privatización o desincorporación de los 18 bancos múltiples implica la transformación de las Sociedades Anónimas a Sociedades Nacionales de Crédito, ya que éstas son sociedades mercantiles que realizan actos de comercio.Lo anterior conforme lo dispone el artículo séptimo transitorio, en el que da 360 días para que el Ejecutivo Federal expida los decretos de transformación.; lo que implicó que el procedimiento de privatización aunque no se expresó cuanto podría tardar, se llevó uno o dos años; sin olvidar los distintos conflictos que se suscitaron respecto de la falta de personalidad de los bancos al momento de cobrar las deudas contraídas por los clientes frente a loas instituciones bancarias.Otro efecto de la desincorporación de los bancos fue que sus trabajadores, sin perjuicio de sus derechos, ahora se van a se regir por el apartado A del artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo cuando se convirtieron en bancos privados.
B) Opinión De La Reprivatización De La Banca MexicanaDiversas circunstancias a las que se tiene que enfrentar la Banca mexicana como la globalización del comercio entre las naciones, las consecuencias de un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y Canadá, la apertura de la actividad bancaria a la competencia extranjera operaciones del mercado interno y el convertirse en un factor importante del desarrollo económico de la última década de este siglo e inicio del siguiente.De acuerdo con los factores de riesgo como los altos gastos de operación, la dimensión menor de los bancos mexicanos frente a los extranjeros con base en los estándares internacionales y el bajo nivel de inversión en desarrollo informático de comunicaciones, los Bancos mexicanos tendrán que mejorar más sus sistemas de capacitación, sus niveles de captación, de eficiencia, su infraestructura informática y también ponerse al nivel de los bancos extranjeros para de este modo realizar una competencia digna y sobre todo sana, aún cuando el proceso de reacomodo se inició a partir de 1991 y que la competencia fue y sigue siendo difícil; y que esto se pensó repercutiría positivamente en la economía del país, buscando mayores índices de eficiencia y un menor costo de dinero1, pues no ha sido así de positivo como se esperaba.No se duda que en un largo plazo se logren alcanzar todas las metas y supuestos propuestos, pero aún la Banca mexicana sigue luchando con obstáculos, que si bien no son resultado de la reprivatización, sí son más de fondo, como el surgimiento de problemas, que si se hubiera realizado la desincorporación de manera adecuada pensando en los futuros inconvenientes no se hubieran suscitado litigios como la falta de personalidad de las instituciones de crédito.
4. Hemerografía
Diario Oficial de la Federación. miércoles 1º de septiembre de 1982., Secretaría de Hacienda y Crédito Público Decreto que establece la nacionalización de la Banca Privada.Reportaje.- "Iniciativa de reforma Constitucional para dotar de autonomía al Banco de México".- Decreto por el que se reforman los artículos 28, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Págs. 6-11.Acosta, Carlos.- "Con la compra de los bancos se consolidan grupos financieros" en la Revista Proceso. Número 765.- México, D.F.,-julio 1º de 1991.- Págs. 12-13.Ortega Pizarro, Fernando.- "Con las ganancias de las casas de bolsa, emerge una nueva generación de banqueros" en la Revista Proceso. Número 765.- México, D.F.,-julio 1º de 1991.- Págs. 13-17Ortega Pizarro, Fernando.- "El proyecto económico de México, en manos de los grupos que están comprando la banca" en la Revista Proceso. Número 775.- México, D.F.,-septiembre 9 de 1991.- Págs. 24-27.Guerrero Chiprés, Salvador.- "2 millones de dólares liberados por la privatización: Banamex" en La Jornada. México, D.F.,-viernes 21 de septiembre de 1990.- Pág. 25."Bancos a grupos billonarios" en La Jornada. México, D.F.,-sábado 22 de septiembre de 1990.- Pág. 21.Acosta, Carlos.- "La banca mexicana crece a la marginarán instituciones externas, alerta Carlos Abedrop" en la Revista Proceso. Número 778.- México, D.F.,-septiembre 30 de 1991.- Págs. 16-19.Suplemento Especial.- Análisis, Opinión, Asesoría "Memoria de la primera Convención Bancaria 1993" en El Economista.- México, D.F.,-septiembre 13 de 1993.- Págs. I-XXII.Pescador, Fernando.- "Las fusiones bancarias" en El Economista.- México, D.F.,- miércoles, agosto 4 de 1993.- Pág. 11.Cavazos Galván, Ricardo II.- "Nuevas disposiciones para la banca" en El Economista.- México, D.F.,-miércoles, agosto 4 de 1993.- Pág. 11Pescador, Fernando.- "Las fusiones bancarias" en El Economista.- México, D.F.,- miércoles, agosto 4 de 1993.- Pág. 11.Rangel M., J. Jesús.- "Viola Inverlat la ley sobre Regulación de Grupos Financieros, acusan Auditores" en El Financiero.- México, D.F.,- martes, agosto 10 de 1993.- Pág. 5.Fuentes-Berain, Rossana.- "Feroz competencia bancaria mundial; Inútil el Proceso de fusiones: OCDE" en El Financiero.- México, D.F.,- martes, agosto 10 de 1993.-Pág. .6.Martínez Nicolás, Oscar.- "Rumbo bancario" en El Economista.- México, D.F.,- miércoles, septiembre 1 de 1993.- Pág. 4."Autoriza Hacienda la creación de 5 nuevos bancos" en El Economista.- México, D.F.,- viernes, septiembre 3 de 1993.- Pág. 13.Ornelas, Andrea.- "Decretan tregua banqueros y SHyCP a deudores del agro" en El Economista.- México, D.F.,- viernes, septiembre 3 de 1993.- Pág. 13.* Velázquez Mayoral, Carlos.- "Pierden mercado grandes bancos en el sector hipotecario" en El Economista.- México, D.F.,-viernes, septiembre 3 de 1993.-Pág. 13.Martínez Nicolás, Oscar.- "Avatares de la banca" en El Economista.- México, D.F.,- miércoles, septiembre 8 de 1993.- Pág. 4."Indicador bancario" en El Economista.- México, D.F.,- miércoles, septiembre 8 de 1993.- Pág. 4.Martínez Nicolás, Oscar.- "Rumbo bancario" en El Economista.- México, D.F.,- miércoles, septiembre 1 de 1993.- Pág. 4.Rangel M., J. Jesús.- "Rápido recupera la Banca el costo de la privatización" en El Financiero.- México, D.F.,- viernes, septiembre 10 de 1993.- Pág. 5.Acevedo Pesquera, Luis.- "Ningún convenio particular contra el lavado de Dinero, advierte Hacienda." en El Financiero.- México, D.F.,- viernes, septiembre 10 de 1993.- Pág. 6.Varela Mayorga, Rita.- "Requiere el sistema financiero fortalecer su capacidad para autorregularse" en El Financiero.- México, D.F.,- viernes, septiembre 10 de 1993.- Pág. 13.Rangel M., J. Jesús.- "Enormes utilidades de las estrellas del sistema bancario" en El Financiero.- México, D.F.,- martes, septiembre 14 de 1993.- Pág. 4.
5. Bibliografía
ACOSTA Romero, Miguel. Derecho Bancario. Ed. Porrúa, S.A. México, 1991. 4ª ed. Pp.18-19, 40-41.HERREJÓN Silva, Hermilo. Derecho Bancario. Ed. Trillas, México, 1988. Pp. 67-68.
Cronología:

1821.- Consumada la independencia no existe Sistema Financiero
La Casa de la Moneda y el Monte de Piedad subsiten
1830.- Primer Banco: Banco de Avio-Industria Textil.
1837.- Banco de Amortización de la Moneda de Cobre.
1854.- Se constituye el código de comercio.
1864.- Banco de Londres, México y Sudamerica-Capital
1880.- Banco de Londres y México-Serfín-; y Banco Nacional
1895.- Bolsa de México, S. A.
1897.- Se promulga la Ley General de Instituciones de Crédito, limita facultades emisión billetes, fija normas para establecer sucursales y otorgar crédito, se reorganiza el S.F.M.
1907.- Se reorganiza la Bolsa de Valores de la Ciudad de México; con la revolución, 1910 viene excesiva emisión de papel moneda por cada grupo contendiente. Entra en colapso y deja de funcionar el Sistema Financiero Mexicano.
1914-1916.- Diversas Medidas y Decretos por reencauzar el Sistema Financiero Mexicano; emisiones billetes falsos, circulante en metálico.
1917.- La nueva constitución establece un nuevo S.F.M. fundado en el monopolio gubernamental de la misión de billetes, bajo la jurisdicción de la SHCP, se organiza el Banco de México, se le dota de facultades-emisión de billetes, fijar tipo de cambio frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. (Ahora separada en CNB y CNSF).
Banco Central, inician sus operaciones las instituciones nacionales de crédito; Banco Mercantil de Crédito Agrícola , HIP, y de O. Públicas, Banco Mercantil de Comercio Exterior, Nafin., Almacenes Nacionales de Depósito, surgen instituciones privadas org
1925.- Banco de México.
1931.- Ley Orgánica de Banco de México.
1934.- Nacional Financiera.
1946.- Reglas y Ordenamientos para que la Comisión Nacional de Valores regule la actividad bursátil.
1975.- Ley del Mercado de Valores.
1976.- Reglas de Banca Múltiple.
1977.- Emisión de Petrobonos.
1978.- Emisión de Cetes.
1980.- Emisión de papel comercial.
1982.- Estatización de la Banca Privada
Establecimiento del control generalizado de cambios.
1990.- Reprivatización, reestablecimiento régimen mixto de servicios de banca y crédito.
1991.- Formación de grupos financieros.

José López Portillo 1º de septiembre de 1982
El presidente ante el honorable Congreso de la Unión, él dio su informe en el cual el habla de muchos factores, él decía que todo llega y pasa; termina y empieza, ya que pronto terminaría su mandato que le había otorgado el pueblo de México para ejercer su Poder Ejecutivo. En el que protestaba hacerlo con lealtad y patriotismo, ya que é decía haber cumplido la constitución con honor y lealtad, cuidar de las libertades de los mexicanos, y sus derechos sociales; cuidando la unión, preservando la institución como estructura ordenada de cambio, fuente legítima para dirimir toda controversia y desterrar la violencia y sus peligros, y comentaba que después de haber servido a la patria, la amó más entrañablemente a la patria, total que empezó a halagar a México y su patria. México es mucho más que conyutura crítica. Y ante el informe presentó el tema de la crisis, la cual afirmó categóricamente:
· Por primera vez en nuestra historia de México, con base en una reforma Administrativa, proyectamos, programamos y presupuestamos el gasto público. Fijamos en forma expresa objetivos en planes sectoriales y convocamos a todas las fuerzas nacionales para que democráticamente concurrieran. Y lo hicieron. De los resultados hemos dado cuenta.
· Es el gasto público instrumento fundamental del Estado para orientar la economía, no sólo ahora sino desde hace varias décadas: porque construye la infraestructura y la opera cuando le corresponde; porque es estímulo, fomento, condición para inducir metas en nuestra planeación democrática.
· Porque es el instrumento más útil para lograr la redistribución del ingreso en el desarrollo social, sin el cual no se justifica, ni crecimiento económico y ni siquiera estructura estatal. Es vehículo de justicia social, fórmula única par repartir, según necesidades reales, con independencia de capacidades ciertas.

· La orientación del gasto público corresponde, quiero subrayado, a políticas no de un Gobierno, sino de un Estado rector mexicano; y trascienden a las sucesivas Administraciones y a través de todas y cada una de ellas se ha fortalecido. En estas políticas de gasto se origina en gran medida el desarrollo del México moderno.
· El gasto público debe ser tan amplio, como la capacidad de su financiamiento, su costo de oportunidad y el cálculo de los que cuesta hacer las cosas y de lo que cuesta no hacerlas.
· Nosotros lo calculamos ateniéndose a las posibilidades financieras que encontramos y que generamos. Su manejo se dificultó cuando variaron los supuestos del financiamiento, dados los factores externos a los que hemos aludido, con la causa de implicaciones internas ya referida.
· No ha habido despilfarrado. Cada programa, incluidos los criticados edificios de PEMEX y el banco de México, minucia simbólica, que en la magnitud del problema prácticamente no cuentan, tiene su propia explicación, aunque, reconozco son ahora inoportuna inversión.
· Y es que, tal vez, ante la necesidad de ajustar el gasto público, se hayan perdido prioridades que se establecieron en el plan original. Han sido o serán corregidas hasta donde se pueda.
· Reitero, las inversiones públicas hechas con los ingresos en divisas y la deuda, están en el país; forman parte de su activo, no se esfumaron ni salieron de aquí, producen o producirán aquí y significan la solución de la crisis y la plataforma de su pleno desarrollo.
· Nuestra economía no está petrolizada, ni por el porcentaje de la ocupación que genera el sector petrolero, ni por su participación en la inversión total, ni por la parte de los ingresos públicos que produce, ni en fin, por el peso que tiene su producción en el producto interno bruto (PBI).
· Una cosa es la petrolización y otra aprovechar una plataforma petrolera de producción para impulsar el desarrollo general de la economía.
· El petróleo, símbolo de nuestro nacionalismo, rescatado por la Nación desde Cárdenas y desarrollando por los regímenes sucesivos, nos ha unido la nación, ha impulsado nuestra economía y ahora la crisis es fuente de confianza internacional para salir adelante del trance.
· Es infantil que reneguemos del petróleo y se lo atribuyamos al diablo. Es conseja de analistas externos, frívolos e irresponsables, empeñados en demostrar la ineficiencia de los países en desarrollo para administrar sus recursos, en afán de trasnochado tutelaje. Lo que a partir del petróleo hemos hecho en tan pocos años, es asombroso. Que no nos aturdan. Más, mucho más haremos.
· Si la crisis fueran claramente previsibles, nunca se presentarían. Hay factores desconocidos que operan sobre una nación en curso, cuya inercia no es siempre fácil de cambiar. Las medidas de ajuste que tomamos, siempre en función del interés nacional, corresponden a las circunstancias que se presentan y que por la naturaleza de expectativas subjetivas, no siempre anticipamos para no precipitar lo que tenemos. Cuando ellos ocurren, actuamos conforme a un plan de decisiones alternativas.
Nacionalización de la Banca
Lo importante viene ahora, hemos identificado los grandes males:
Primero los externos: un desorden económico internacional que castiga a los países en desarrollo, con factores monetarios, financieros, comerciales, tecnológicos, alimentarios y energéticos expresados muy claramente en la reunión de Cancún, y que tienen, forzosamente que ser resueltos en negociaciones globales, como está propuesto a la Naciones Unidas. Es urgente. De otro modo los problemas se agravarían a extremos impredecibles.
Después los internos: Aquí adentro fallaron tres cosas fundamentalmente:
La conciliación de la libertad de cambios con la solidaridad nacional y altamente especulativa. La concepción de la economía mexicanizada, como derecho de los mexicanos sin obligaciones correlativas; el manejo de una banca concesionada, expresamente mexicanizada, sin solidaridad nacional y altamente especulativa.
Ello significó que en unos cuanto años, sustanciales recursos de nuestra economía generados por el ahorro, por el petróleo y la deuda pública, salieran del país por el conducto d los propios mexicanos y sus bancos, para enriquecer más a las economías externas, en lugar de canalizarse a capitalizar al país conforme a las prioridades nacionales. Nuestra debilidad, por el camino de la desconfianza y ambición, nos hizo más débiles, y más fuerte a los fuertes.
Se pudo afirmar que en unos cuantos, recientes años, ha sido un grupo de mexicanos, sean los que fueren, en uso de derechos y libertades pero encabezados, aconsejados y apoyados por los bancos privados, el que ha sacado más dinero del país, que los imperios que nos han explotado, desde el principio de nuestra historia.
Tenemos que organizarnos para salvar nuestra estructura productiva y proporcionarle los recursos financieros para seguir adelante; tiene que detener la injusticia del proceso perverso fuga de capitales – devaluación – inflación que daña a todos, especialmente al trabajador; al empleo y las empresas que lo genera.
Estas son nuestras prioridades críticas.
Para responder a ellas he expedido en consecuencia dos Decretos: uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambios, no como una política superviviente del más vale tarde que nunca, sino porque hasta ahora se han dado las condiciones críticas que los requieren y justifican. Los decretos respectivos se publican hoy en el Diario Oficial. Como complemento, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa de ley que convierte al Banco de México en organismo público descentralizado del Gobierno Federal; dejará de ser sociedad anónima.
Con la nacionalización de la banca, se termina la concesión a los particulares, para incorporar el servicio directamente a la Nación. Obviamente, la nacionalización irá acompañada de la justa compensación económica a los actuales accionistas, conforme a derecho. Lo importante es urgente. Cuidaremos también con particular esmero la situación y los intereses de los depositantes y clientes de la banca mexicana, así como los del público en general. El dinero y valores de cada depositante en un banco mexicano, se han mantenido siempre seguros, porque el Gobierno ha estado detrás de todos y cada uno de los bancos para garantizar esa seguridad. Con mayor razón estarán ahora seguros los depósitos en los bancos mexicanos.
Que quede claro: No serán afectados d ningún modo el dinero, ni los valores propiedad de los usuarios del servicio público de la Banca; ni los fondos o fideicomisos administrativos por ésta; ni lo depositados en las cajas de valores. La banca extranjera, sus representantes, las organizaciones auxiliares de crédito y el Banco Obrero, no son sujetos de expropiación o afectación alguna. Los derechos de los trabajadores del sistema bancario serán respetados. El viejo anhelo de crear un sindicato bancario podrá fructificar, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo.
La banca seguirá funcionando normalmente. Su administración sólo ha revertido a las manos de quien la concesionó: el Estado mexicano. Primero lo que a todos conviene. Después lo demás. En este caso el Gobierno no sólo está eliminando un intermediario, sino a un instrumento que ha probado más que suficientemente su falta de solidaridad con los intereses del país y del aparato reproductivo.
La banca privada mexicana y mexicanizada – eso es lo más doloroso -, ha propuesto el interés nacional y ha fomentado, propiciado y aun mecanizado las especulaciones fuga de capitales. Frente a los daños de la especulación y falta de apoyo a las actividades productivas, sería incongruente poner las medidas correctivas, en manos de sus defensores y de quienes tienen intereses creados en torno a ellas. Se dirá que se ha repetido ya mucho que el Gobierno tenía los instrumento sobrados para controlar la banca privada. Hoy tomemos de confesar que así lo creímos, pero que no fue así. Una dolorosa historia nos la ha enseñado. Por ello llegamos a la situación financiera caótica y contradictoria en la que nos encontramos. En suma, se nacionalizó la banca privada, y con el control de cambios, se programará mejor lo que el trabajo y el ahorro de los mexicanos, el petróleo, otras exportaciones y el financiamiento, nos significa. La Nación se beneficiará. Cumpliremos estrictamente nuestros compromisos nacionales e internacionales; se importará sólo lo necesario; se viajará lo indispensable. Con esta medida, combatiremos a la especulación abierta y hasta institucionalizada. Le quitaremos a la inflación los abundantes impactos especulativos que hemos venido padeciendo, tan sólo porque los márgenes de intermediación bancaria y la demanda de dólares fue brutal, envenenando nuestra economía. Las resoluciones de nacionalizar a la banca y de implantar el control de cambios, han costado muchos trabajo; pero todos debemos estar convencidos de su imperiosa necesidad.




OTRO TITULO

Se nacionalizada la banca privada. En medio de la crisis económica de 1982, ocasionada por el elevado incremento de la deuda pública externa, José López Portillo anuncia en su último informe presidencial, tanto el control generalizado de cambios, como la nacionalización de la banca privada del país. Los bancos conservarán sus nombres y continuarán funcionando como entidades distintas y sus directores serán designados por el Estado a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La iniciativa privada había establecido instituciones de crédito, como el Banco de Londres y México en 1865 y el Banco Nacional de México en 1884. En 1897, fue expedida la Ley General de Instituciones de Crédito para normar el funcionamiento de la banca y en 1924, creada la Comisión Nacional Bancaria por la cual el gobierno interviene en el funcionamiento de los diferentes bancos privados. A partir de entonces, las instituciones operaban bajo la supervisión y acuerdos determinados por esa Comisión. Salinas de Gortari privatizará nuevamente la banca y Zedillo realizará su rescate a través del Fobaproa y el IPAB al más alto costo económico y social pagado por el país a lo largo de toda su historia






La moneda mexicana
Es importante hacer una revisión somera del comportamiento de la moneda mexicana frente al dólar estadounidense. En la primera mitad del siglo, el tipo de cambio pasó de 2.06 a 8.65 pesos por dólar, lo que equivale a una devaluación del 320 por ciento; esto significa que el dólar en 1950 costaba cuatro veces más que en 1900.
De 1950 a 1982 el dólar se encareció 11 tantos al pasar de 8.65 a 96.30 pesos por dólar; el periodo del estado protector y del desarrollo estabilizador. Pero de 1982 a 1999 el tipo de cambio pasó de 96.30 a 9 500 pesos viejos por dólar, lo que significa que hoy la divisa norteamericana cuesta prácticamente 100 veces más que en 1982, hace apenas 18 años.
En la gráfica número 1 se muestra el comportamiento del tipo de cambio peso-dólar durante los últimos dos sexenios, destacando los efectos de la multicitada crisis en el año de 1995 y el comportamiento de la devaluación del peso con respecto a la inflación. Llama la atención el símil entre los primeros y los últimos años del sexenio pasado con los correspondientes al presente, en lo que toca a la relación de la devaluación de nuestra moneda con la inflación; al menos prende luces rojas, pues advierte una sobrevaluación actual del peso, que estimo mayor en 1999 con respecto a la que se registraba a finales de 1994.
Este es el contexto en el que nos proponemos visualizar lo que ha pasado con el sistema financiero mexicano y sus actores básicos: los individuos, las empresas, las instituciones financieras, las autoridades que las rigen y las que las deben vigilar.
La capacidad de ahorro de la gran mayoría de los mexicanos es mínima o nula, como lo es actualmente su esperanza de mejora; la de las empresas micro, medianas y pequeñas se ha vuelto inexistente a lo largo de la última década en la que se cuentan por muchos quienes no solamente perdieron su capacidad de ahorro, sino la totalidad de su patrimonio ante la embestida del poder económico nacional e internacional, del poder político contrario a los intereses de la nación y de una banca incapaz que no atina a cumplir con su función básica, con políticas de operación altamente perniciosas y encabezada por directivos enconchados en sus beneficios e intereses personales, apoyados por servidores públicos, funcionarios corruptos, carentes de la virtud y la visión necesarias para serlo y autocalificados como grandes conocedores de las ciencias económicas y de las finanzas públicas.
Las instituciones financieras
El problema de la banca nacional tuvo su origen en las ausencias regulatorias que existieron en el sistema financiero mexicano, en el que los dueños de los bancos, que normalmente son propietarios de otras organizaciones, actuaron en claro conflicto de intereses con la actividad financiera, apoyando preferencial e indiscriminadamente y con un alto riesgo a sus empresas, sobre las de terceros; con visión mezquina y de cortísimo plazo. Cuando esto sucede, se establece un mecanismo de inequidad inmediata, en el que las empresas que reciben los créditos para financiar su crecimiento son, antes que las demás, las cercanas a los bancos, sean eficientes o no, sean innovadoras o no, contribuyan al desarrollo y bienestar de la sociedad o no.
El ahorro de la comunidad es canalizado no de acuerdo a las expectativas de ésta, sino al servicio de los intereses particulares de los propios banqueros. Las consecuencias no se han hecho esperar; además del enriquecimiento sin límites de esas personas y el acaparamiento de todo tipo de empresas, adquiridas en condiciones ventajosas, después de mantenerlas al borde de la extinción por falta de créditos o por el costo desmedido de estos, la sociedad se ve obligada a comprar los productos y servicios de menor calidad, por los créditos a los que esos productos y servicios van atados.
Con este esquema de operación, el sistema productivo mexicano fue adquiriendo las características de escasa competitividad que ha manifestado por décadas y que llevó a los más poderosos grupos industriales a hacerse de sus propios bancos a fin de estar en posibilidades de contar con recursos económicos para financiar a sus empresas. De esta manera, el camino casi único para el éxito y la acumulación de riquezas ha estado en la adquisición y usufructo de los bancos. En contraposición, a los empresarios dedicados a la administración y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas les ha tocado vivir tiempos difíciles, en los que la falta o inexistencia de créditos y su altísimo costo, ha dificultado aun la subsistencia de sus negocios y ha menguado sensiblemente su viabilidad en el futuro, al verse imposibilitados de lograr niveles adecuados de competitividad.
Para los sucesivos gobiernos de la República, faltos de voluntad para cambiar el estado de las cosas y redefinir el rumbo económico del país, lejos de modificar la ley para crear un sistema financiero sano, prefirieron optar por la creación de mecanismos paralelos, bancos de desarrollo dedicados a llenar los vacíos generados por la banca particular, supuestamente para financiar ellos sí, los proyectos productivos que el país requería en materia agropecuaria, industrial, comercial y de servicios.
Pero la llamada banca de desarrollo tampoco funcionó, exactamente por las mismas razones; operada y controlada desde la cúpula gubernamental, comenzó a asignar los créditos en forma por demás interesada a empresarios amigos de funcionarios públicos, a los propios funcionarios públicos y sus familiares, replicando y amplificando los viejos vicios de los banqueros privados. La asignación de créditos supermillonarios a familiares del presidente Salinas en condiciones altamente irregulares por parte de Nacional Financiera, fue ampliamente difundido por la prensa nacional, como parte del escándalo que siguió al encarcelamiento del hermano del ex presidente.
No es el único caso, otros créditos millonarios de Nacional Financiera fueron asignados a proyectos fantasmas de colaboradores cercanos a Salinas; surgieron las llamadas uniones de crédito, fuertemente apoyadas y fomentadas por esta institución a través de las cuales fluyeron importantes cantidades de recursos que en su gran mayoría desaparecieron en unos cuantos meses y hoy, todavía son causa de la más atroz insolvencia y descrédito de una organización capitalizada con fondos federales. Así también, el capital total del Banco de Comercio Interior (6 mil millones de nuevos pesos, equivalentes a 3 mil millones de dólares) que nunca atinó a llevar a cabo su tarea, se esfumó gracias a créditos otorgados por instrucciones de altos funcionarios de Hacienda durante la misma administración salinista; pero no se crea que el fenómeno se inició y floreció en ese periodo de gobierno, otros bancos operados bajo la tutela de las autoridades federales han sido administrados con deficiencias conocidas desde varias décadas atrás, siendo objeto de repetidos escándalos, incluido, por ejemplo, el del Banco de Crédito Rural en la década de los años ochenta.
Las relaciones entre las cúpulas gubernamentales y las direcciones de los bancos privados han estado presentes desde la consolidación misma de los gobiernos revolucionarios. En todos los casos, el sistema bancario fue tratado no sólo con deferencia, sino con un alto grado de permisividad a sus formas de operación, a cambio de tratos y apoyos especiales para los altos funcionarios y posteriormente para el financiamiento de campañas políticas. Entre los grandes beneficios recibidos por los banqueros, con costos importantes para el país, fueron los altos niveles de intermediación que estuvieron vigentes a lo largo del siglo y que acercaron más a los bancos a operaciones de usura antes que a las del crédito como motor de la economía.
Así, mientras los intereses que los bancos pagaban a los pequeños ahorradores estuvieron entre los más bajos del mundo; para los créditos otorgados, el costo financiero estuvo entre los más altos. Las consecuencias más negativas fueron dos: la descapitalización y el empobrecimiento de las clases más débiles económicamente, cuyo escaso poder de compra les llevaba a recurrir al crédito permanentemente y de los pequeños y medianos empresarios que son los principales generadores de fuentes de trabajo y que al tener que hacer frente a tales costos financieros, fueron perdiendo su capital y su capacidad de gestión y se vieron obligados a reducir sus márgenes de utilidad o a incrementar el precio de sus productos. Los resultados visibles fueron la concentración del ingreso en los bancos (prácticamente trabajaban para ellos) y la imposibilidad de ser competitivos en sus mercados.
Un mecanismo bastante perjudicial para la economía mexicana en su conjunto, especialmente por sus consecuencias a largo plazo, fue el abuso impuesto por el gobierno, con el llamado encaje legal a los bancos (saludo la honestidad de quienes acuñaron el término; fue un verdadero encaje); mediante el cual, las autoridades hacendarias hacían fluir al gobierno una parte importante de los ahorros captados por los bancos, en calidad de auto préstamo que no fue cuestionado ni sancionado por nadie, incluido el propio Congreso de la Unión. Esos recursos sustraídos arbitrariamente por décadas del sistema financiero, limitaron y retrasaron el desarrollo de la economía, contribuyendo a encarecer los créditos.
Los recursos captados a través de este mecanismo sirvieron en parte para financiar el déficit público y, en parte también, para que el gobierno fuese adquiriendo un enorme número de empresas, de carácter estratégico unas, con fundamentos inexistentes otras. De esta manera, la conformación de un amplísimo sector de empresas paraestatales y el saneamiento de muchas de ellas, fue posible a partir del ahorro de los trabajadores mexicanos, sin que estos recibieran beneficio alguno. Luego, con la venta justificada de esas empresas (supuestamente para hacer más eficiente la operación del gobierno) los beneficios fueron repartidos entre los más sumisos empresarios, entre los amigos del sistema y, desde luego, de los propios altos funcionarios de gobierno, a través de operaciones de sospechosa, por poco clara, adjudicación, como sucedió con Telmex y con Imevisión (hoy Televisión Azteca) en el sexenio de Salinas. De esta manera el ahorro de varias décadas de los trabajadores mexicanos, lejos de servir para mejorar sus condiciones de vida, fue utilizado para que el gobierno comprara, modernizara y saneara empresas, que luego repartió entre un reducido grupo de personas predilectas, a través de operaciones ciertamente interesadas y a precios poco equitativos.
Cabe asentar aquí, para la triste historia contemporánea de México, el reciente reconocimiento público de Carlos Slim en el sentido de que el gran problema del país es la alta concentración de la riqueza; si lo dijera cualquier otro empresario desconocido adquiriría tintes de preocupación sincera; dicho por esta persona, no refleja más que cinismo y burla a la nación en su conjunto. Hoy Teléfonos de México continúa siendo el monopolio (privatizado) más vergonzante del país, con el cual, por alguna razón, ha quedado vinculado el nombre de Carlos Salinas en la memoria de todos los mexicanos; el aplaudido héroe de noviembre de 1994.
Cuando José López Portillo decretó el primero de diciembre de 1982 la nacionalización de la banca privada, en un desplante colérico, faltando sólo tres meses para concluir su mandato, puso de manifiesto la existencia de un rompimiento entre la cúpula bancaria y la gubernamental. El motivo para el rompimiento y el castigo, fue planteado por López Portillo durante su último informe de gobierno, los bancos habían actuado con dolo, creando la desconfianza del público hacia la estabilidad del peso, que llevó a la economía por una senda de especulación y que culminó con varias devaluaciones sucesivas de la moneda, en las que los banqueros tuvieron jugosas utilidades. "Ya nos saquearon; no nos volverán a saquear", sentenció con ira el entonces presidente, justificando así su decisión de nacionalizar la banca y de establecer el control cambiario como medida precautoria.
Ciertamente, en esas devaluaciones que llevaron la moneda mexicana de un valor inicial de 27 pesos por dólar en enero de 1982, a otro de poco más de 100 pesos por dólar en agosto de ese año; los bancos habían especulado y logrado enormes ganancias, pero ni la argumentación era del todo válida, ni los banqueros eran los únicos villanos. Efectivamente, el proceso de devaluación se había convertido en una necesidad imprescindible a partir de la caída dramática de los precios del petróleo un año antes, forzando al gobierno a disparar la emisión de circulante adicional y consecuentemente un proceso inflacionario interno de proporciones inéditas hasta ese entonces, para disponer de los recursos financieros que la venta del petróleo había dejado de darles. El sueño lópezportillista de la abundancia fue a parar al drenaje, en virtud de la escasa capacidad gubernamental de administrar con honestidad y mesura los pocos excedentes petroleros producidos en el breve lapso 1977-1980.
Por otra parte, además de los banqueros y a la par con ellos, funcionarios gubernamentales de alto nivel y políticos cercanos al régimen, se vieron involucrados en cuantiosas operaciones de cambio y depósitos de dólares en el extranjero. Por ello podemos afirmar que las causas para la estatización de la banca, decretada por López Portillo, fueron básicamente las diferencias entre los grupos de poder y la negativa del presidente a ceder a nuevas presiones del sector financiero, ante la bonanza que supuestamente habría de experimentar el país gracias a la nueva industria petroquímica que había justificado niveles históricos en el endeudamiento público externo.
La estatización de la banca constituyó una oportunidad única para sanear las prácticas bancarias y poner a esas instituciones al servicio de la sociedad mexicana, estableciendo las reglas apropiadas para que los recursos financieros fuesen manejados estratégicamente para beneficio del país y con la más absoluta probidad. En lugar de ello, las reglas básicas de operación se mantuvieron sin modificación alguna, agregándose además algunos de los vicios propios de la administración pública, incluidos el burocratismo, la ineficiencia, la auto complacencia, el gasto suntuario, la consecuente falta de competitividad y la corrupción.
Durante los nueve años que el gobierno administró los bancos (entre 1982 y 1991), ni se incrementaron las posibilidades de acceso a los créditos, ni se redujeron los márgenes de intermediación. Los antiguos banqueros fueron ampliamente resarcidos, dotándoles a un buen número de ellos de concesiones para operar casas de bolsa, casas de cambio y compañías de seguros, con lo que quedaron nuevamente en posibilidades de captar los recursos económicos necesarios para asegurar la operación y el crecimiento de sus propias empresas. Los privilegios perdidos fueron así recuperados, mientras que para la sociedad mexicana los efectos supuestamente positivos de la estatización de la banca pasaron desapercibidos.
Luego llegó el tiempo de reprivatizar la banca de acuerdo a la lógica de los nuevos grupos gobernantes de corte neoliberal, para quienes la idea de un gobierno manejando empresas y bancos les resultaba inconcebible y fuera de lugar. La venta de los bancos fue cuidadosamente preparada, desafortunadamente pensando no en el desarrollo futuro del país, sino en obtener los mayores beneficios para determinados grupos de los que la cúpula gobernante formaba parte, asegurando su subordinación al poder político y el control irrestricto de sus acciones. Los antiguos vicios no sólo tomaron vigencia, sino que fueron amplificados cuando, las posibilidades de lograr riquezas desmesuradas de la noche a la mañana, se presentaban a través de la adquisición de un banco, que les permitiría captar los ahorros del país para usarlos en beneficio de proyectos propios.
Con el proceso de reprivatización de la banca se llegó a excesos tales que algunos de los hombres y de los grupos que adquirieron bancos, imaginaron poder pagar el precio de su nuevo negocio, autoprestándose de los propios recursos financieros del banco, sin importar que, al hacer eso, anularan la esencia misma de la actividad bancaria. Una variante tanto o más perversa fueron los prestamos cruzados: "Con nuestro banco les prestamos para que ustedes compren el suyo, luego cuando lo tengan ustedes nos prestan para pagar el nuestro." Una oscura especie de swap no previsto en los modelos y esquemas convencionales de la ingeniería financiera; pero cargados del ingenio y los contubernios a los que todavía no nos podemos acostumbrar ni aceptamos una buena parte de los mexicanos. Fue así como el nuevo sistema bancario producto de la reprivatización nació deforme, incapaz de aportar nada o muy poco al desarrollo de la economía nacional y con muy altos riesgos de colapso, como habría de suceder poco tiempo después, con la crisis que dio lugar al escandaloso oprobio del Fobaproa, durante la gestión del presidente Zedillo.
La privatización de la banca, instrumentada por el gobierno de Salinas, dio así origen a la generación de un nuevo grupo de exitosos hombres de negocios, como parte de una estrategia de imagen, que presentaba a México como una nación moderna, de gran prosperidad, en la que se podía invertir para obtener atractivas ganancias en el corto plazo; empezaron a brillar nombres de mexicanos en los primeros lugares de las odiosas listas del Fortune norteamericano; insulto mundial, especialmente para los países del llamado tercer mundo; pues no constituyen denuncia sino reconocimiento de estatus, de éxito; exhibicionismo que por vergüenza debía quedar en la discreción, en la intimidad que cualquier bien nacido otorga a lo oprobioso y ofensivo.
La historia adquirió visos de alta credibilidad en otros países, con lo cual empezaron a llegar a México sumas importantes de capital especulativo provenientes del extranjero, creando una situación de bonanza más aparente que real, por las grandes cantidades de efectivo que circulaban en el país buscando su mejor destino financiero, sin que éstas se aplicaran a ampliar la planta productiva, sino exclusivamente a financiar la compra de bienes de consumo a crédito y preferentemente de origen extranjero.
Para las empresas, y muy especialmente para las empresas asociadas a los bancos (es decir las empresas de los banqueros, o los banqueros mismos), la situación no era muy distinta; la capacidad de compra aparente, ante la existencia de recursos crediticios, fue aprovechada para comprar terrenos, instalaciones y aún otras empresas sin preocuparse cómo se pagaría todo esto; la ingeniería financiera se puso de moda, aunque muy pronto quedó rebasada por el ingenio mexicano y la desbordada ambición de algunos neobanqueros, proclamados próceres del modernismo empresarial y ejemplo para las nuevas generaciones en el discurso oficial; que conceptualizaban a la ingeniería financiera como la cuerda que puede estirarse indefinidamente, sin riesgo de ruptura.
Las compras y el comercio de productos extranjeros crecieron igualmente en forma tan alegre como irresponsable, la balanza comercial comenzó a mostrar desequilibrios importantes, prendiendo luces rojas que ni el gobierno ni los banqueros quisieron ver, pero los signos de que las cosas no andaban bien (recuérdese lo acontecido inmediatamente después del cobarde crimen de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas) llevaron a un buen número de inversionistas extranjeros a sacar sus capitales del país, mostrando que su dinero no estaba anclado a México con inversiones en infraestructura o planta productiva, sino que se trataba de capitales golondrinos, dedicados a la especulación, que podían quedarse un poco más de tiempo si se les garantizaba que no corrían riesgos y que obtendrían utilidades atractivas.
A todo ello accedieron Salinas y sus colaboradores cercanos: Aspe, Serra Puche, Guillermo Ortiz, Mancera, difícilmente sin el conocimiento del propio Zedillo, después nombrado candidato a la presidencia por el PRI; había que mantener la ficción durante la etapa final del gobierno, ganar las elecciones y detener la salida de capitales, para que la fantasía del México próspero que había logrado entrar a la OCDE, al club de los países ricos, durase hasta el final de su mandato. En este juego de engaños que terminó costándole al país alrededor de 45 000 millones de dólares que habría que pagar a los especuladores; el sistema financiero en su conjunto y los bancos en particular actuaron como comparsas y también como beneficiarios, cuando el peso tuvo que ser devaluado el 19 de diciembre de 1994.
En buena medida, fuimos los mexicanos en general sin tener una clara conciencia de ello pero tampoco alternativa, quienes pagamos al menos una parte –si no es que toda– de los precios de venta asignados a los bancos; Banamex por ejemplo, reportó utilidades en el periodo 1992 a 1994 muy por encima de lo que podía esperarse de la institución y, desde luego, protegió bien y a tiempo dichas utilidades, convirtiéndolas a dólares tan pronto como se desató la devaluación de finales de 1994. Es explicable la gran preocupación que su presidente y director general ha venido manifestando ante posibles triunfos de la oposición en la contienda por el poder político.
Considerando lo reportado por el sistema bancario en 1991, año en el que se inicia su reprivatización y las de los tres años subsecuentes hasta 1994, las utilidades en total obtenidas oficialmente por los bancos durante este periodo ascendieron a 22 672 millones de pesos, que representan cerca del 60 por ciento de la inversión privada realizada en su adquisición, la cual tuvo un costo de 37 856 millones de pesos, que fue lo que ingresó al erario público por este concepto.
Las tasas reales de interés que los mexicanos (individuos y empresas) estábamos pagando durante el período 1990-1994, eran verdaderamente agobiantes, enriquecieron a los nuevos propietarios de los bancos, financiando su adquisición y fraguaron la descapitalización de la mayor parte del sector productivo, situación en la que éste tuvo que hacer frente a la gran debacle de los comienzos del sexenio actual.
En la gráfica número 2 es posible observar el comportamiento de la Balanza de Pagos en Cuenta Corriente durante los últimos doce años y su relación con la sobrevaluación o subvaluación estimada del peso frente al dólar. En 1994 se observa el déficit en cuenta corriente, cercano a los 8 mil millones de dólares, con un peso artificialmente sostenido en contra de los cánones del libre mercado y una sobrevaluación estimada hacia noviembre de 1994 del orden del 16 por ciento. Aunada al monto de capitales extranjeros invertidos en valores de rentas fija y variable, esta situación endeble, provocó que a las primeras señales de inestabilidad en la economía salieran del país importantes montos de divisas que llevaron a una devaluación del peso frente al dólar superior al 100 por ciento en unas cuantas semanas.
Efectivamente, ante la probada incapacidad del gobierno mexicano para pagar la deuda pública, los inversionistas optaron por sacar su dinero del país, creando un déficit de capital que puso a la economía mexicana en estado de shock. La respuesta del gobierno fue inmediata: el aumento de las tasas de interés a niveles insólitos para mantener algunos capitales operando dentro del país.
En 1995, la población y las empresas que venían arrastrando una fuerte descapitalización provocada por los altos costos financieros, tuvieron que enfrentar un incremento absolutamente desproporcionado en las tasas de interés, establecido para detener la fuga de capitales, una pérdida adicional en el poder adquisitivo y una banca que irresponsable y ferozmente defendía sus particulares intereses utilitarios, a costa de llevar a la quiebra a un –en ese entonces– indeterminado número de empresas e individuos y sin reflexionar, incluido el gobierno, la magnitud del problema gestado y las repercusiones que al nivel nacional tendrían sus posturas. El doctor Zedillo, para enmudecer a cualquiera, reconoció públicamente no tener idea de la gravedad de la situación económica financiera en la que recibió su mandato.
La consecuencia de esto no se hizo esperar; por su parte, las empresas micro, pequeñas y medianas, las más vulnerables, tenían que hacer frente a un altísimo costo financiero del orden de tres a cuatro veces mayor al que venían afrontando, a una fuerte carestía en sus insumos y a una contracción en la demanda de bienes y servicios que no había sido registrada desde los últimos 50 años. Ante una banca y unos banqueros sin vocación, los pequeños y medianos empresarios vieron día con día la anulación de sus proyectos, la inviabilidad de sus sueños y finalmente en su inmensa mayoría, la pérdida de su patrimonio hecho a lo largo de muchos años de sacrificio y de esfuerzo personal y familiar. La postura de los banqueros: redocumentar la deuda bajo condiciones imposibles de satisfacer, consistentes fundamentalmente en ofrecer garantías inmobiliarias (reales) en proporciones mínimas de 2 a 1; los negocios por sí mismos ya no eran garantía de nada. Créditos adicionales para capital de trabajo de las empresas, ni pensarlo siquiera.
A los banqueros se les habían vendido los bancos a precios bajos, se les habían otorgado facilidades en el pago, se les daba protección ante la competencia internacional, se les facilitaba cobrar intereses que en el pasado eran definidos como agiotistas y se les permitía pagar intereses por los recursos captados de los ahorradores desproporcionadamente bajos y se estableció el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que ni era bancario (los fondos) ni mucho menos resolvía el problema de fondo: los deudores no podían pagar sus deudas, ni siquiera los intereses.
Por parte de los individuos y sus familias que tenían pasivos bancarios (hipotecarios, bienes duraderos y tarjeta de crédito), se vieron ante la situación de perderlo todo (casas, autos, refrigeradores, televisores, etcétera), de enfrentar la amenaza constante incluso de tipo penal por parte de los banqueros, la pérdida de su poder adquisitivo y otra amenaza, la más cruel sin duda –en muchos casos cumplida– perder su fuente de trabajo. La alternativa, ponerse al corriente en sus pagos y redocumentar sus deudas de acuerdo con las más unilaterales condiciones de protección a los intereses de los banqueros, que no de los ahorradores.
Ambos, empresarios e individuos, se vieron ante el cuestionado anatocismo, pagar intereses sobre intereses y finalmente acabar con su proyecto de vida.
Las autoridades monetarias decidieron el establecimiento de una nueva unidad monetaria (UDI), fórmula de origen chileno que, aparte de disfrazar el anatocismo, en lo que va de su implantación ha resultado mucho más onerosa para los deudores, a quienes se les planteó como bondadosa alternativa para la redocumentación de sus créditos, que si se les hubiesen reestructurado en dólares. Una persona física o una empresa que en marzo de 1995 debía 100 mil pesos y le fueron redocumentados en udi, si no hubiese abonado nada al principal, en diciembre de 1999 adeudaría tan solo de capital 263 mil pesos (ningún inmueble, ya no digamos equipo, ha incrementado su valor real en tal proporción durante este lapso); si dicha deuda hubiese sido documentada en dólares, en diciembre de 1999 debía 138 mil pesos sin haber abonado tampoco un solo centavo al capital; pero por concepto de intereses durante todo ese periodo habría pagado aproximadamente lo mismo.
¿Qué entraña este fenómeno? Por una parte, la evidente sobrevaluación del peso frente al dólar y, sin ánimo de ser simplista, un negocio hasta ahora más que redondo por parte de quienes hayan invertido en UDI a partir de marzo de 1995, quienes en menos de cinco años ven multiplicado por 2.6 veces su capital, habiendo cobrado intereses similares a los que hubiesen obtenido en dólares. Pero, ¿quiénes han invertido en UDI durante ese periodo? Los bancos desde luego, los grupos económicos más poderosos que se las averiguaron bien y a tiempo para que las deudas de sus empresas se acogieran a los beneficios del Fobaproa; debemos esperar que no muchos extranjeros resulten ser inversionistas en UDI, pues de ser así, unos minutos antes de que el dólar sufra un ajuste como sucedió en diciembre de 1994, todo lo invertido en UDI será convertido a dólares con una ganancia inmediata al día de hoy del 100 por ciento en dólares. ¿Quién absorbe la pérdida correspondiente? Los deudores de UDI, el pueblo de México otra vez.
Es posible confirmar lo dicho en el párrafo anterior, como también es posible hacer pronósticos y entre ellos, la permanencia de la incapacidad de pago por parte de los deudores, para quienes todas las ayudas diseñadas por las autoridades no han sido sino una ficción; pero el soporte otorgado por el Fobaproa –ahora IPAB– a banqueros y a los empresarios más ricos del país e indirectamente al pri, hoy es una realidad del orden de los 950 mil millones de pesos a cargo del pueblo de México.
Soportaba la idea de apoyar a los banqueros en lugar de a los deudores del sistema bancario un mayor control del destino de los recursos aplicados por el gobierno federal. La cartera vencida de los bancos, la mayor parte impagable después de la debacle de los últimos días de diciembre de 1994 y las primeras semanas de 1995, había de ser soportada con fondos federales para que los banqueros siguieran operando, aunque los empresarios, sobre todo los propietarios de pequeñas y medianas empresas dejaran de hacerlo; había que darle confianza a la sociedad (ahorradores), desconfiando de ella y confiando únicamente en la probidad de los banqueros. Kafka diría alguna vez que para precisar la fortaleza de las estructuras, sólo hace falta un incendio.
El incremento desmedido de un 50 por ciento en el IVA, que pasó del 10 al 15 por ciento, constituyó una medida adicional y complementaria que puso al país en estado de parálisis, con enormes y más graves repercusiones para el sistema financiero.
Fue entonces cuando los nuevos banqueros se percataron de su enorme error. Los grandes excesos cometidos en forma de préstamos alegres, en primer lugar a ellos mismos y a sus amigos y, en segundo lugar, a un amplio conjunto de particulares, se volvieron impagables como resultado de varios factores, de los que ellos eran parcialmente responsables y cómplices del gobierno.
La conjunción de todos estos factores en contra de la población creó el escenario más dramático que los mexicanos hubieran enfrentado durante el siglo: una gran proporción de las familias de clase media y más humildes perdieron todo y quedaron en la miseria, mientras que los bancos se veían dueños de inmensas flotas de automóviles y de amplios conjuntos de bienes inmobiliarios, sin saber qué hacer con ellos y provocando un verdadero desquiciamiento en los mercados inmobiliario y de automóviles de segunda mano; más de un millón de familias perdieron así sus viviendas y sus ahorros tan sólo en 1995, sin que el gobierno causante de la debacle moviese un dedo para apoyarlos o protegerlos.
Para las empresas pequeñas y medianas que tenían contratado algún crédito, las consecuencias fueron fatales en la mayoría de los casos, cuando su maquinaria y sus plantas les eran arrebatadas al no poder pagarlas por la reducción en sus ingresos. Muchas empresas tuvieron que ser vendidas por sus dueños para pagar sus deudas o canibalizarlas vendiendo a precios de remate algunos de sus activos y quedando en peores condiciones de operación; los precios de venta de esas empresas o de sus activos estuvieron en todos los casos por debajo de su valor real, los compradores eran siempre los propios bancos o inversionistas extranjeros, que se hicieron así de una parte importante de la planta productiva nacional, a precios de ganga.
La cúpula del sector empresarial, con el apoyo prácticamente irrestricto de las autoridades hacendarias, no tardó en crear el famoso UCABE, una oscura organización encabezada por Eduardo Bours, hoy alto dirigente del PRI, destinada a revisar los casos más urgentes e importantes de reestructuración de la deuda; a ésta no tuvieron acceso los pequeños y medianos empresarios, pues sólo se atendían a los recomendados, a los casos graves –no eran graves los de quienes no siendo recomendados estaban en el camino de la quiebra–, solamente lo eran los de quienes jamás han padecido escasez en su vida cotidiana, la gente bonita. Pronto esta organización fue denominada por la vox populi como el "Barzón de los ricos". Allí se operaron las reestructuraciones más cuantiosas de las empresas que pertenecían a poderosos grupos inversionistas, muchas de las cuales hoy forman parte de la recientemente aprobada, nueva y adicional deuda pública del país, que pospone su progreso otro cuarto de siglo.
A principios de 1998, cuando el país parecía haber superado los aspectos más graves de la ya famosa crisis, el Congreso de la Unión comenzó a percatarse de que el gobierno había estado transfiriendo enormes cantidades de dinero a los bancos para compensarles por los montos que no habían podido cobrar a sus deudores. El asunto presentaba dos aspectos de interés público: el primero de ellos tenía que ver con el hecho de que el Ejecutivo estaba no sólo obligado a informar al Legislativo sobre las transferencias que había hecho a los bancos, sino que debía haber contado para ello con la aprobación del propio Congreso, cosa que desde luego se había pasado por alto. El segundo punto se refería a que los principales deudores de los bancos eran ellos mismos; sus dueños –por sí mismos o con prestanombres– en virtud de todos los autopréstamos que se habían hecho y que tampoco habían podido pagar.
La transferencia de fondos ordenada por el presidente y ejecutada por sus colaboradores de Hacienda y el Banco de México, en beneficio de los banqueros, constituyó un gran fraude a la nación en términos legales, porque para hacerlo debía contar con la autorización del Congreso; pero era también un agravio real porque su pago habría de recaer sobre la población en general, en virtud de que el monto saldría de los impuestos que le paga al gobierno, sin recibir absolutamente nada a cambio.
Jurídicamente, el problema fue resuelto por el Congreso mediante el uso de formulismos legaloides a través de la mera sustitución de un mecanismo de transferencia de fondos: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), por otro, al que se le denominó Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), un ejemplo más del gatopardismo imperante y políticamente a través de una cortina de humo y de desinformación que permitió ocultar la magnitud del problema al grueso de la población.
En el affaire Fobaproa-IPAB, los congresistas del pri, pese a su enojo y reluctancia a servir una vez más de peones del Ejecutivo que les obligaba a aprobar el fraude más cuantioso cometido contra el país, votaron para salvar una vez más al gobierno de su descrédito total. Los congresistas del PAN, al sumarse al PRI en su voto, convalidaron el fraude, dejando la interrogante: ¿Esto se debía a que en los créditos irregulares otorgados por los banqueros estaban involucrados algunos panistas distinguidos?
La explicación dada por la fracción panista del Congreso tiene una cierta lógica; de no haber legitimado las operaciones ordenadas por el presidente, se habría generado una crisis política de consecuencias incalculables, que podría haber terminado con la renuncia del propio presidente y la presentación de un escenario de ingobernabilidad en el país. Todo esto es posible, pero de ninguna manera justifica que la solución única haya sido la presentación de una nueva factura por 60 mil millones de dólares (aproximadamente cinco veces más que lo que ingresó por la venta de los bancos a precios de principios de la década pasada) que habrá de pagar junto con sus intereses, la sociedad mexicana durante los próximos treinta años, sacrificando aspectos básicos de salud, educación, empleo e infraestructura.
Esta lamentable historia deja el sabor de que, en el fondo, todo fue calculado para lograr dos objetivos básicos por parte del gobierno del país, tan claramente subordinado a los dictados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y, en todo caso, de los grandes poderes económicos:
1. Sanear los bancos resarciendo a quienes actuaron como propietarios nacionales, sin incluir, desde luego, a una innumerable cantidad de pequeños inversionistas que, en un exceso de confianza, invirtieron sus pequeños capitales en la compra de acciones bancarias, creyendo en sus líderes promotores y en las autoridades vigilantes, a quienes éstas les han tratado de incautos y que en la revuelta lo perdieron todo.
2. Entregar la banca debidamente saneada a los grandes grupos financieros internacionales, aun antes de los tiempos pactados. Hoy la mayor parte de la banca nacional está en manos de grupos extranjeros entre los que destaca por su reciente trayectoria el Citibank, seguramente ahora sí bien manejados y próximamente al servicio de la sociedad mexicana.
Hoy una vez que el proceso ha sido superado en sus aspectos esenciales, el país enfrenta un panorama sombrío al iniciar el siglo XXI. En lugar de contar con un sistema bancario moderno, capaz de financiar su desarrollo económico y social, y de apoyarle para enfrentar los retos de competitividad que los mercados globales implican, tendrá en su sistema bancario una carga económica que retrasará su desarrollo y un conjunto de instituciones que seguirán caracterizándose por su falta de compromiso con México, por su ineficiencia, por su falta de capacidad y voluntad para apoyar a las empresas mexicanas que requieran recursos financieros para competir exitosamente y por su proclividad a seguir recibiendo beneficios sin límite del gobierno federal, aunque para ello se tenga que seguir castigando a otros sectores y grupos sociales.















NACIONALIZACION DE LA BANCA
Godofredo Rivera Arias
Esta remembranza proviene de medidas económicas erróneas llevadas a cabo durante el sexenio del llamado último presidente de la revolución. Ciertamente, estos errores de política económica no comenzaron en el sexenio de JLP, pero si se acentuaron desembocando en uno de los errores más grandes de la historia económica de México: la nacionalización de la banca. Buena parte de la pobreza que hoy padece México, no proviene como afirma la izquierda mexicana, de las medidas neoliberales (apertura y comienzo de privatización de paraestatales) adoptadas desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Por el contrario, la pobreza que hoy sufre México tiene su origen en los errores de política económica llevadas a cabo por Echeverría y consolidadas por el ex presidente López Portillo. A continuación enumeramos algunos de los errores cometidos en el sexenio del licenciado Portillo. Lo anterior es con objeto de recordarles a algunos legisladores las graves consecuencias de añorar al “último presidente de la revolución”.
Error 1. Estatización sin precedente en la historia de México. Bajo la consigna de proteger a los pobres y pegarle a los ricos, en el sexenio de JLP se consolidó la estatización iniciada el por el ex presidente Echeverría. La supuesta lógica de estas medidas eran que el Estado debía hacerse cargo de la producción de bienes privados. El resultado al final fueron empresas públicas quebradas y actos corrupción sin precedente alguno. La causa era obvia: los dirigentes de estas paraestatales nunca las manejaron con criterios empresariales, sino con criterios políticos. Simplemente, para quienes dirigían estas empresas estatizadas, aspectos tales como el costo de oportunidad ó la planeación estratégica estaban ausentes de su pensamiento y vocabulario. Estas empresas competían deslealmente con las empresas privadas (las cuales sí podían quebrar) y lo peor, lo hacían con recursos públicos. Al final el resultado de todo esto fue un socialismo a la mexicana que sólo significó un derroche de los recursos de todos los contribuyentes.
Error 2. Descuido total del equilibrio de las finanzas públicas. El sexenio de Portillo se caracterizó por tener grandes déficit fiscales. La moda de imprimir billetes irresponsablemente para pagar deudas del gobierno se consolidó con JLP. Esto al final tuvo serias repercusiones en el bienestar de los mexicanos. Tan sólo en 1982, año de la crisis petrolera, el déficit público llegó a representar hasta l6 por ciento del PIB. Una cifra que hoy da escalofrío. Los costos de esta irresponsabilidad fiscal fueron alzas desmedidas en la inflación y en las tasas de interés lo que implicó un estancamiento económico sin precedente que duró toda la década de los ochenta. En la crisis de 1994 (los famosos errores de diciembre) México regresó en menos de tres años a los mercados internacionales de capital. La crisis del 82 implico toda una década perdida en financiamiento y crecimiento económico.
Error 3. Indización y control de precios. La inflación provocada por el derroche fiscal del gobierno, trató de contenerse por la vía de congelar por decreto el aumento en los precios de distintos bienes y servicios en la economía. Esto también incluyó un control del tipo de cambio que se denominó control de cambios. Las consecuencias funestas de estas medidas no se hicieron esperar. En primer lugar, está perfectamente demostrado que los controles de precios no funcionan y sólo generan mercados negros donde el precio final de los productos es aún más alto que el que estaba sujeto a las libres fuerzas del mercado. Asimismo, el control de precios en México sólo generó escasez de bienes. Quienes vivimos en esta época recordaremos lo difícil que era conseguir algunos productos importantes como leche, azúcar y pasta de dientes. La inflación es un fenómeno monetario, y la única manera de controlarla es teniendo disciplina fiscal y monetaria. Los controles de precios no sirven para nada y sólo intentan disfrazar los errores de política económica de los gobiernos.
Error 4. Derroche del gasto público. Con el alza en los precios del petróleo a mediados de la década de los setenta, México comenzó a llenar sus arcas con dólares. Esto fue el pretexto para que el gobierno comenzara a derrochar los recursos. Había que comenzar a “administrar la abundancia” decía el licenciado Portillo. Nuevamente, las consecuencias no se hicieron esperar. Al principio, el gasto público intensivo producto del petróleo creó una especie de economía “drogada”. Es decir, comenzó ha haber un crecimiento económico artificial creado por el intensivo gasto público. De 1977 a 1981 la economía mexicana era la única en el mundo que crecía a tasas promedio de 8% anual. Esto era todo un récord en un tiempo en que EE.UU. y el mundo desarrollado vivían una franca recesión. Pero lo que el gobierno nunca dijo fue que las bases de este crecimiento no estaban sustentadas en sólidos cimientos de productividad, estabilidad macroeconómica e inversión nacional y extranjera en proyectos rentables. El crecimiento estaba basado en una droga suministrada por el crecimiento artificial del precio del petróleo. Hoy no nos explicamos cómo fue que el gobierno se confió en una materia prima cuyos precios históricamente han sido muy volátiles. Bastó con que cayera el precio internacional del barril de petróleo para poner en evidencia al gobierno. El resultado final fue que en 1982, México no sólo dejo de crecer, sino que registró tasas negativas de crecimiento (es decir la economía se cayó rotundamente). Al final México estaba estancado, y lo peor, endeudado interna y externamente. Era terrible ver al secretario de Hacienda ir a Washington a pedir dinero para pagar los préstamos que jugosamente antes habían sido otorgados por distintos bancos estadounidenses. México estaba endeudado y quebrado. Nada más lastimoso que eso.
Error 5. La nacionalización bancaria. La toma de los bancos por parte del gobierno además de ser un acto violatorio del derecho, significó una forma de disfrazar los errores del gobierno. En la época de JLP se puso de moda hablar de crecimiento con inflación. Durante los años en que México creció a tasas anuales del 8 % , la inflación para esos mismos años promedió tasas de entre 30 y 35% anuales. Era obvio, este tipo de crecimiento sembraba su propia semilla de destrucción. Al final los bancos tenían muchos problemas financieros. Pero los causantes de la crisis no eran los banqueros, sino la indisciplina fiscal y monetaria llevada a cabo por el gobierno de López Portillo. Los banqueros simplemente pagaron los platos rotos del gobierno. Todavía hoy día cargamos con las consecuencias de la estatización bancaria. Los banqueros mexicanos simplemente hoy ya casi ni existen.




DECRETO QUE ESTABLECE LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA PRIVADA.
José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo confiere la fracción Y del artículo 89 de la Constitución General de la República, y con fundamento en el artículo 27 constitucional y los artículos 1º, fracciones Y, V, VIII y Ix, 2º, 2º, 3º, 4º, 8º, 10 y 20 de la Ley de Expropiación, 28, 31, 32, 33, 34, 37 y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y demas relativos de la Ley General de Instituciones de Crédito y Organización Auxiliares y considerando
Que el servicio público de la banca y el crédito se había venido concesionando por parte del Ejecutivo Federal, a través de contratos administrativos, en personas morales constituidas en forma de sociedades anónimas con objeto de que colaboraran en la atención del servicio que el gobierno no podía proporcionar integralmente;Que la concesión, por su propia naturaleza, es temporal, pues sólo puede subsistir mientras el Estado, por razones económicas, administraivas o sociales, no se pueda hacer cargo directamente de la prestación del servicio público;Que los empresarios privados a los que se había concesionado el servico de la banca y del crédito en general han obtenido con creces ganancias de la explotación del servicio, creando además, de acuerdo a sus intereses, fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público en general, lo que debe evitarse para manejar los recursos captados con criterios de interés general y de diversificación social del crédito, a fin de que llegue a la mayor parte de la población productiva y no se siga concentrando en las capas más favorecidas de la sociedad;Que el Ejecutivo a mi cargo estima que, en los momentos actuales, la administración pública cuenta con los elementos y experiencias suficientes para hacerse cargo de la prestación integral del servicio público de la banca y del crédito, considerando que los fondos provienen del pueblo mexicano, inversionista y ahorrador, a quien es preciso facilitar el acceso al crédito;Que el fonómeno de falta de diversificación del crédito no consiste tanto en no otorgar una parte importante de créditos a una o varias personas determinadas, sino que lo que ha faltado es hacer llegar crédito oportuno y barato a la mayor parte de la población, lo cual es posible atender con la colaboración de los trabajadores bancarios y contando con la confianza del público ahorrador e inversionista;Que con el objeto de que el pueblo de México, que con su dinero y bienes que ha entregado para su administración o guarda a los bancos, haya generado la estructura económica que actualmente tienen éstos, no sufra ninguna afectación y pueda continuar recibiendo este importante servicio público y con la finalidad de que no se vean disminuidos en lo más mínimo sus derehos, se ha tomado la decisión de expropiar por causa de utilidad pública, los bienes de las instituciones de crédito privadas;Que la crisis económica por la cual actualmente atraviesa México y que, en buena parte, se ha agravado por la falta del control directo de todo el sistema crediticio, fuerzan igualmente a la expropiación, para el mantenimiento de la paz pública y adoptar las medidas necesarias para corregir trastornos interiores, con motivo de la aplicación de una política de crédito que lesiona los intereses de la comunidad;Que el desarrollo firme y sostenido que requiere el país y que se basa en gran medida en la planeación nacional, democrática y participativa, requiere que el financiamiento del desarrollo, tanto por lo que se refiere a gastos e inversión pública, como al crédito, sean servidos a administrados por el Estado, por ser de interés social y orden público, para que se manejen en una estrategia de asignación y orientación de los recursos productivos del país a favor de las grandes mayorías;Que la medida no ocasiona perjuicio alguno a los acreedores de las instituciones crediticas expropiadas, pues el gobierno federal, al reasumir la responsabilidad de la prestación del servicio público garantiza la amortización de operaciones contraídas por dichas instituciones;Que con apoyo en la legislación bancaria, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las acciones necesarias para la debida organización y funcionamiento del nuevo esquema de servicio crediticio, para que no exista ninguna afectación en la prestación del mismo, conserven sin menoscabo alguno sus actuales derechos tanto los empleados bancarios, como los usuarios del servicio y los acreedores de las instituciones;Que la medida que toma el gobierno federal tiene por objeto facilitar salir de la crisis económica por la que atraviesa la nación y, sobre todo, para asegurar un desarrollo económico que nos permita, con eficiencia y equidad, alcanzar las metas que se han señalado en los planes de desarrollo; he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETOARTICULO PRIMERO.- Por causas de utilidad pública se expropian a fovor de la nación las instalaciones, edificios, mobiliario, equipo, activos, cajas, bóvedas, sucursales, agencias, oficinas, inversiones, acciones o participaciones que tengan en otras empresas, valores de su propiedad, derechos y todos los demás muebles e inmuebles, en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, propiedad de las instituciones de crédito privadas a las que se les haya otorgado concesión para la prestación del servicio público der banca y crédito.ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa la entrega de acciones y cupones por parte de los socios de las intituciones a que se refiere el artículo primero, pagará la indemnización correspondiente en un plazo que no excederá de 10 años.ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en su caso el Banco de México, con la intervención que corresponda a las secretarías de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Comercio, tomarán posesión inmediata de las instituciones crediticias expropiadas y de los bienes que las integran, sustituyendola los actuales órganos de administración y directivos, así como las representaciones que tengan dichas instituciones ante cualquier asociación o institución y órgano de administración o comité técnico, y realizarán los actos necesarios para que los funcionarios de niveles intermedios y, en general, los empleados bancarios, conserven los derechos que actualmente disfrutan, no sufriendo ninguna lesión con motivo de la expropiación que se decreta.ARTICULO CUARTO.- El Ejectuvo Federal garantizará el pago de todos y cada uno de los créditos que tengan a su cargo las instituciones a que se refiere este decreto.ARTICULO QUINTO.- No son objeto de expropiación el dinero y valores propiedad de usuarios del servicio público de banca y crédito o cajas de seguridad, ni los fondos o fideicomisos administrados por los bancos, ni en general bienes muebles e inmuebles que no estén bajo la propiedad o dominio de las instituciones a que se refiere el artículo primero; ni tampoco son objetos de expropiación las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares de crédito, ni la banca mixta, ni el Banco Obrero, ni el Citibank, S. A., ni tampoco las oficinas de representación de entidades financieras del exterior, ni la sucursales de bancos extranjeros de primer orden.ARTICULO SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará conforme a sus atribuciones que se mantenga convenientemente el servicio público de banca y crédito, el que continuará prestándose por las mismas estructuras adminsitrativas que se transformarán en entidades de la administración pública federal y que tendrán la titularidad de las concesiones, sin ninguna variación. Dicha Secretaría contará a tal fin con el auxilio de un comité técnico consultivo, integrado con representantes designados por los titulares de las secretarías de Programación y Presupuesto, de Patrimonio y Fomento Industrial, del Trabajo y Previsión Social, de Comercio, Relaciones Exteriores, Asentamientos Humanos y Obras Públicas, así como de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Banco de México.ARTICULO SEPTIMO.- Notifíquese a los representantes de las intituciones de crédito citadas en el mismo y publíquese por dos veces en el Diario Oficial de la Federación, para que sirva de notificación en caso de ignorarse los domicilios de los interesados.
TRANSITORIOSPRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Dirario Oficial de la Federación.SEGUNDO.- Los servicios de banca y crédito podrán suspenderse hasta por dos días hábiles a partir de la vigencia de este decreto, con objeto de organizar convenientemente la debida atención a los usuarios.